¡Apaga la cámara! Sobre la tortura en España y sus usos políticos

La inexistencia de torturas en el Estado español se ha convertido en un dogma de fe, en un mantra que nadie puede atraverse a cuestionar: en España NO se tortura.

Pero lo cierto es que desde los ochenta no han dejado de darse denuncias por tratos degradantes e incluso por torturas, especialmente en el caso de militantes de la izquierda independentista catalana o vasca, aunque también en casos de inmigrantes ilegales.

Hace unos meses un periodista, extranjero, le preguntó al respecto al señor Camacho, actualmente Ministro del Interior y entonces secretario de Estado con el entonces Ministro y ahora candidato Pérez Rubalcaba. La reacción fue tajante: “corta un momento eso [la cámara]“. No le gustó nada al señor Camacho que el periodista insistiese tanto en esa cuestión. Un ejemplo claro de falta de transparencia y poco respeto a la tarea periodística.

Al señor Camacho le molesta la tozuda realidad: siguen habiendo denuncias fundamentadas de torturas en España. Las ha habido siempre y los responsables de Interior se han ocupado más en apagar cámaras y focos que de atajar ese problema.

Pero ahí están la sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que condenan al Reino de España por no investigar las denuncias de tortura de miembros de Terra Lliure o de Martxelo Otamendi. En mi opinión, si no se investigan se están tolerando las posibles torturas.

Por cierto que el Juez instructor de ese caso y por tanto responsable indirecto de esa no investigación, Baltasar Garzón, ha entrado a formar parte del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

Naciones Unidas, a través de sus relatores especiales para derechos humanos,  también ha publicado informes en los que España no sale muy bien parada en lo que a prevención y lucha contra la tortura se refiere.

Si quedan más dudas se pueden consultar los documentos del Comité de derechos humanos sobre España. Aquí el de 1996 y el de 2008.  Entre los dos, desgraciadamente, hay pocos cambios.

Diversas organizaciones no gubernamentales de prestigio y que cuentan con la confianza de Naciones Unidas también han publicado documentos que denuncian una realidad que solo niegan en las isntancias ministeriales españolas.

Hay más. El Comité para la Prevención de la Tortura visita regularmente España. Sus informes no son precisamente tranquilizadores. Basta leerlos en diagonal para percibir la preocupación de los miembros del comité por la detención incomunicada, por las condiciones de los inmigrantes ilegales detenidos (retenidos diría yo). Realmente vale la pena dedicar unos minutos a esos informes. Por cierto: el Comité estuvo de visita en Cataluña hace muy poco, después del violento desalojo de Plaça Catalunya. Se entrevistó con Felip Puig. Deberíamos estar muy atentos al informe que resulte.

Hasta aquí documentos de organizaciones internacionales de las que forma parte el Estado español y nada sospechosas de hispanófobas o proabertzales. Podríamos añadir muchos otros casos como las denuncias de los miembros de la dirección de Egunkaria, todavía no resueltas, los frecuentes procesos judiciales que se dan en Cataluña por denuncias de torturas.

Es difícil negar ante tantos datos que la tortura pervive en España. Sin embargo, poco o nada hacen las autoridades para acabar con este problema: no se ha cambiado ni una coma de la normativa que se aplica a presuntos terroristas desde los años 70, especialmente el régimen de incomunicación. Las cámaras en las comisarías existen (¿existen todavía?) solo en Cataluña. No hay forma de que los policías antidisturbios cumplan la normativa y lleven bien visible su número de identificación, en los CIEs hay inmigrantes que mueren sin que nadie se escandalice…

¿Cuál es la razón de la pervivencia de esta lacra? No soy experto en derechos humanos ni en derecho internacional.  Como historiador del derecho se me ocurren algunas claves de interpretación. La tortura fue en la Edad Media instrumento procesal para “extraer la verdad” de los acusados. Era un instrumento sometido al derecho. A partir del siglo XVIII desaparece la tortura del derecho pero se sigue practicando como ininstrumento de dominio absoluto del hombre por el hombre (Philipp Reemtsa).

¿Y hoy en día? Si el Estado conserva la tortura, aunque de manera controlada, es quizás porque la usa como instrumento político, como medida de prevención general,  no solo para castigar al disidente sino para generar miedo en los candidatos a serlo. Este uso político no tiene riesgo de generar oposición porque no se le aplica al “buen ciudadano” sino al “otro”: el disidente, el ilegal. Personas que el derecho y los medios de comunicación han procurado deshumanizar.

El Estado se reserva un instrumento contrario al derecho para casos excepcionales: independentismo vasco, protestas del 15M, presencia de ilegales en nuestra sociedad. Se usa la tortura y no se elimina no solamente por una razón de Estado sino para generar la conciencia de que, superados unos límites, el ciudadano puede sufrirla y, además, caso de denunciarla, va a chocar contra un muro infranqueable.

No es esta una conclusión improvisada ni agradable. Pero los años pasan y los informes de NNUU siguen diciendo lo mismo y en comisarías y juzgados crece el número de denuncias. Me atrevo a afirmar que, ante la crisis actual y el aumento de la disidencia contra este sistema político y económico, el uso de la tortura puede incluso aumentar. El comportamiento de Mossos de Esquadra y de Policía Nacional en algunas protestas del 15M y algunas decisiones recientes de la Audiencia Nacional sobre casos de terrorismo son buena prueba de ello. Contra ello podemos intentar que no apaguen las cámaras.

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