La continuidad jurídica del Franquismo en persona

El diario “Ara” publica hoy que el abogado de Alicia Sánchez Camacho, presidenta del PP catalán, fue el Juez ponente del caso Puig Antich y, por tanto, el que redactó y argumentó la condena a muerte.

Hemos tardado 39 años en descubrir que tan infame juez seguía en activo como abogado defensor y profesor asociado en una universidad privada. Se trata sin duda de una prueba más de la continuidad de la cultura jurídica franquista en el sistema jurídico actual. La Santa Constitución fue el resultado de un proceso que ni fue pacífico ni fue libre y en el que no se planteó ningún proceso de justicia transicional: ni juicios penales a los responsables de la represión, ni anulación de sentencias de la justicia franquista, ni revisión en profundidad del derecho y mucho menos se planteó, y aquí está el meollo de la cuestión actual, una reforma de la administración para depurar los elementos de la judicatura, la fiscalía, la policía, etc. vinculados a la violación de derechos.

No se trataba de ejecutar  un ajuste de cuentas: la reforma de la administración se considera un elemento fundamental en las transiciones a la democracia y se basa en una idea fácilmente comprensible: una persona del aparato represor de una dictadura no puede ejercer un cargo en democracia, al menos sin previo examen, porque reproduciría durante el ejercicio de su cargo su concepción autoritaria del derecho, la moral y los derechos humanos.

De esos polvos estos lodos: jueces que en los ochenta no entendían el concepto de libertad sexual, magistrados del tribunal supremo que desautorizan al tribunal constitucional y lo que descubrimos ahora: responsables de la represión vinculados a sentencias escandalosamente injustas en activo como abogados y profesores. El agente jurídico en cuestión alega que la ley era justa hace cuarenta años y que él la aplicó sin más. Esto resulta especialmente preocupante teniendo en cuenta que este señor está formando a nuevas generaciones de juristas en una facultad de derecho.

El caso que ahora sale a la luz debe hacernos reflexionar sobre dos puntos. ¿Cómo ha podido la sociedad ignorar durante 39 años que este jurista continuaba en activo en tareas de abogado y docente? ¿Continuaremos juristas y no juristas permitiendo que la impunidad sea un elemento de la cultura jurídica española?

Anuncis

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out / Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out / Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out / Canvia )

Google+ photo

Esteu comentant fent servir el compte Google+. Log Out / Canvia )

S'està connectant a %s